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ZoyaPatel
Bangalore
SohaniSharma

Han transcurrido más de 24 horas desde que se registraron incidentes graves en Comitán, y la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca, permanece en un silencio preocupante. La ausencia de acción frente a los hechos no es un vacío administrativo; es un mensaje claro que puede ser interpretado como tolerancia hacia la intimidación, el abuso de poder y la amenaza directa a la sociedad civil y a los comunicadores. La impunidad no solo se percibe, sino que se legitima cuando las autoridades responsables no actúan con rapidez y firmeza.

El protagonista de los hechos, un sujeto que se identifica como “El Güero”, intentó frenar la labor informativa con actitudes prepotentes, haciendo alarde de supuestos vínculos con “la empresa” y dejando entrever conexiones con la delincuencia organizada. Este tipo de comportamiento, lejos de ser un acto de valor, es un claro ejemplo de cómo la impunidad permite que individuos jueguen a ser poderosos y se sientan capaces de intimidar a quienes cumplen con su deber ciudadano y profesional. La amenaza a la prensa no solo afecta a quienes ejercen la información, sino que también vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, oportuna y sin censura.

Imagen relacionada con los hechos

La Fiscalía, como garante de la legalidad y de los derechos de todos los chiapanecos, tiene la obligación de intervenir de manera inmediata. La omisión institucional no solo pone en riesgo la integridad de los periodistas y ciudadanos, sino que también normaliza un patrón de abuso que puede replicarse con otros grupos y actores que busquen aprovecharse del miedo y de la debilidad de la autoridad. La protección de la libertad de expresión, así como la garantía de seguridad para quienes denuncian o informan, no son concesiones: son derechos fundamentales que deben ser defendidos con hechos, no solo con palabras.

Resulta indispensable que la FGE tome medidas concretas, identifique a los responsables y garantice que estos enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Cada minuto que pasa sin respuesta oficial incrementa la sensación de impunidad y erosiona la confianza en las instituciones. Callar ante estas amenazas no es neutralidad: es permitir que la intimidación y el abuso se conviertan en norma. La ciudadanía exige acción, transparencia y justicia; cualquier demora en la intervención no solo afecta a Comitán, sino que envía un mensaje de alarma a todo Chiapas: que la intimidación puede quedar impune si la autoridad decide mirar hacia otro lado.

Ahmedabad